El monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, reafirmó su posición de que el abuso sexual infantil es a la vez inmoral y criminal. Asimismo, señala que en el escándalo denunciado en su Diócesis se procedió a seguir el protocolo que establece la Iglesia para estos casos.
Ante la denuncia de abuso sexual, donde se involucra a dos sacerdotes religiosos durante el cumplimiento de su misión en una de las parroquias de dicha Diócesis, como pastor responsable el monseñor Ricardo Valenzuela informó a través de un comunicado que en el proceso de denuncia acompaña según el protocolo para investigar denuncias contra clérigos sobre abuso sexual de menores, manual editado por la Conferencia Episcopal Paraguaya en julio del 2015.
"El ocultamiento de la verdad es una injusticia para con la víctima, un perjuicio para los delincuentes y un daño para la Iglesia y la comunidad en general. Aprovecho la oportunidad para rogar a Dios por los organismos competentes que llevan adelante el proceso y hacer una llamada a la vigilancia y la transparencia, la honestidad y la justicia, la humildad y la santidad, hasta que se aclare el caso", afirma en el comunicado el monseñor Valenzuela.
Por otra parte, explica que la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, ya en tiempos del monseñor Agustín Rodríguez (1939) firmó un convenio -hasta hoy vigente- con la Congregación de Oblatos de María para la cura pastoral de la zona de Paso Yobai. Colaboración pastoral que históricamente redundó siempre en gracia para las comunidades cristianas de la zona.
Según el Decreto Diocesano N.° 1577, del 9 de marzo del año 2010, y N° 1583, del 22 de junio del mismo año, fueron nombrados como cura párroco de la parroquia "Nuestra Señora de la Asunción" de Paso Yobai el padre Gustavo Ovelar y como vicario pastoral de la misma parroquia el padre Francisco Bareiro Acosta.
Afirma que los religiosos están sujetos a la potestad de los obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto (cf. CDC 678).
A principios del año 2015, a pedido tanto del obispo como del provincial de los Oblatos de María Inmaculada, los dos sacerdotes mencionados fueron cesados de su cargo a raíz de las demandas emanadas en su contra, por supuesto abuso sexual de menores, quedando bajo la responsabilidad del superior mayor de la Congregación a la que pertenecen.
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