Las múltiples denuncias por abuso sexual infantil formuladas contra sacerdotes y empleados del Instituto Antonio Próvolo desataron un escándalo en la provincia de Mendoza. El último viernes, cientos de personas marcharon por las calles del centro de la capital provincial. Entre los presentes se encontraban madres y padres de víctimas que expresaron su dolor y pidieron que la investigación se extendiera a todos los empleados y profesionales del establecimiento.
"Nos mintieron en la cara. Nos hacían firmar confiados y nos convencían de que el servicio era el mejor; que nuestros hijos estarían bien cuidados. Y miren lo que hicieron, manga de canallas", dijo Antonia Rojo. "Ahora ¿quién me asegura que no fue víctima, si él no puede expresarse bien?", planteó Rojo, madre de un joven de 16 años a quien retiró de colegio en junio pasado, cuando regresó a su casa con una pierna quebrada.
"Lo que ha pasado duele en el alma; no hay condena que alcance para esos curas porque arruinaron la vida de esos chicos para siempre", expresó por su parte Elizabeth Moyano a Los Andes.
"Lo obligaban a tener sexo oral con otro compañero, mientras los curas y sus cómplices miraban", declaró Cinta, mamá de otro de los chicos abusados, quien decidió denunciar todo en la Fiscalía 15.
Claudia, otra madre, precisó: "Les quitaban los audífonos para que los chicos no escucharan las sesiones en las que había abusos".
Hasta el momento, se calcula que unos 60 alumnos dijeron haber sido víctimas de abusos en el marco del Próvolo, una institución de educación especial para chicos con hipoacusia grave o sordera completa. En paralelo, la causa adquirió otro tono cuando se encontraron cientos de miles de pesos en el marco de un allanamiento que se realizó en las oficinas de la institución.
Los testimonios de los denunciantes apuntaron contra los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (55), un ex empleado del instituto, José Luis Ojeda (41), el monaguillo Jorge Bordón (55) y el jardinero, Armando Gómez (46). Los cinco hombres se encuentran detenidos, acusados por el delito de abuso sexual agravado por la guarda y convivencia.
El caso de Corradi llamó especialmente la atención porque el cura arrastra denuncias de abuso sexual a menores hipoacúsicos desde 1955, en Verona, Italia. Su caso había sido expuesto en 2015 en el marco de la Conferencia Internacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico que se celebró en Washington, Estados Unidos.
El abogado Sergio Cavaliere, quien representa a algunas de las víctimas del Próvolo, declaró que en 2009 presentó el caso de Corradi -junto al de otros sacerdotes argentinos- ante el Vaticano y nunca recibió respuesta. En diálogo con Los Andes, apuntó contra el rol del papa Francisco: "Está en silencio porque en 2014, a través de nuestros corresponsales en Argentina, la activista Julieta Anazco y el abogado Carlos Lombardi, ya habíamos denunciado la presencia de estos sacerdotes en Argentina en la sede de La Plata, cerca del arzobispado de Buenos Aires que presidió Bergoglio hasta 2013".
“Es imposible que el papa Francisco no supiera lo que pasó”, dijo el abogado de las víctimas
Y sentenció: "Es imposible que él no supiera lo que pasó junto a su arquidiócesis, porque las denuncias ya eran conocidas en todo el mundo, aunque la opinión pública no sabía que los 4 religiosos estaban escondidos en la Argentina". El letrado insistió en que "como Sumo Pontífice no puede ignorar que una Comisión había investigado en 2011 en el Vaticano a 27 religiosos, un número enorme".
"Ahora no dice nada porque es demasiado fuerte la vergüenza por lo que estaba ocurriendo en su patio trasero, justo frente a sus ojos. Y no dice nada porque la mentira del arzobispo (Franzini) de Mendoza es irreparable", añadió.
Asimismo, Cavaliere dio detalles de cómo se perpetraban los abusos: "Las personas sordas denuncian haber sido sodomizadas por la fuerza, obligadas a masturbarse y a practicar sexo oral y otros actos similares. Añaden que la violencia física fue sistemática, agravada por su dificultad para hacerse entender".
Según información del Programa Provincial de Maltrato Infantil y del Poder Judicial, en Mendoza existen mil denuncias anuales, que provienen de la Dirección General de Escuela (DGE) y de la Línea 102 de Atención al Niño. Los datos indican que el 72% de las víctimas son niñas y el 80% de los responsables de estos actos son hombres.
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