lunes, 5 de octubre de 2015

Jamás se pone el sol.



La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual advirtió al INAU sobre la carencia de personal “especializado” para atender el abuso sexual infantil en Maldonado. En diálogo con Montevideo Portal, Raquel Hernández advirtió sobre las características que hacen especial al departamento.

La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) advirtió a las autoridades del INAU de Maldonado sobre la carencia de organizaciones "especializadas" en atender a las víctimas de abuso sexual infantil, ante la recurrencia de casos registrados en el departamento.
Este viernes dos hombres fueron procesados con prisión dos hombres por varios delitos de "atentado violento al pudor" contra dos niños menores de 12 años. Los procesados trabajaban en una panadería de San Carlos y sometían a vejámenes a los niños, que "ayudaban" a limpiar asaderas "a cambio de bizcochos y leche".
Días atrás, otro hombre había sido enviado a prisión por reiterados delitos de violación contra su ahijada de 13 años.
"En Maldonado no existe nadie especializado en el tema", dijo a Montevideo Portal Raquel Hernández, integrante de la organización Accionar entre mujeres Guyunusa. Según Hernández, las organizaciones presentes en el departamento se han dedicado a atender la violencia de género� y la situación de los menores luego de casos de violencia doméstica pero no específicamente el abuso o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El año pasado, la localidad de San Carlos registró siete casos de abuso sexual descubiertos, alcanzando el récord de tres en una misma semana.
Hernández consideró que existe "una incomprensión por parte de la institucionalidad" de la necesidad de recursos humanos de "alta especialización" - como psicólogos y trabajadores sociales - para trabajar en estos casos, cada vez más recurrentes en Maldonado.
La integrante consideró que Maldonado tiene algunas características que propician la ocurrencia de este tipo de casos, como grandes asimetrías entre ricos y pobres o "una gran hipocresía con lo que no se permite en invierno pero se tolera en verano". En ese sentido, recordó que ya en 1997 la organización que integra comenzó a denunciar casos de "venta de menores para ser explotados sexualmente".
Hernández reconoció que desde las autoridades "el discurso político es el correcto" pero las soluciones no aparecen porque "siempre responden que hace falta recursos". Además, cuestionó algunas disposiciones como la que impide que una ong tenga más de tres contratos con el INAU. "La ong El Paso, especializada en estos temas, trabaja en Montevideo, Flores y Paysandú y no puede abarcar otros departamentos porque alcanzó el límite", lamentó.
Suprema Corte manifestó su preocupación
"Quienes hemos sido jueces en Maldonado tenemos la sensación de que en este departamento la cantidad de casos era menor que la de hoy", confesó este viernes el presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak.
Tras participar del acto de presentación de tobilleras electrónicas para Maldonado, Chediak comentó que "los abusos pueden darse tanto por parte de figuras paternas como maternas, porque el abuso es un tema de poder".
En ese sentido, afirmó que "los más desprotegidos son las personas muy mayores y los niños" y reconoció que "una preocupación" del Poder Judicial es "tener las respuestas más adecuadas a estas situaciones".
Organizaciones presentaron recomendaciones a la Justicia
Días atrás, las organizaciones que integran la Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (Rucvds) presentaron a la Suprema Corte de Justicia un documento con varias recomendaciones sobre cómo deberían actuar los jueces ante casos de abuso sexual infantil.
El documento firmado por la Rucvds y las ong El Abrojo, El Paso, Luna Nueva y Gurises Unidos afirma que "las prácticas judiciales están sustentadas por un sistema de creencias patriarcal y adultocéntrico, reproduciendo respuestas estereotipadas basadas en concepciones sexistas, homofóbicas y transfóbicas y prejuicios en relación a la infancia-adolescencia".
Entre las recomendaciones proponen "mejorar los mecanismos de designación de defensores y curadores de niños, niñas y adolescentes y personas con incapacidad", además de procurar una "formación especializada de Defensorías por temas en situaciones de violencia contra mujeres y niñas, niños y adolescentes, que puedan actuar en diferentes sedes y materias en forma unificada y articulada, trabajando en equipo y multimateria".
También aparece la necesidad de "establecer procesos judiciales amigables para niñas, niños y adolescentes que les posibiliten comprender el proceso, ser protagonistas, ser oídos, poder ejercer plenamente sus derechos".

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