El Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucía atendió durante el año pasado a 93 niños que recibieron terapias por sufrir abusos y violaciones en Sevilla; y un total de 216 menores fueron evaluados en este servicio público. La mayoría de estas víctimas son niñas, concretamente el 75% de los casos, lo que en datos absolutos supone 76 menores bajo tratamiento. Este porcentaje es similar en el proceso de evaluación que se inicia en este programa ante la sospecha de posibles casos de abusos y/o violaciones, que realizan psicólogos y psiquiatras: durante el año pasado 152 niñas (70%) y 64 niños fueron evaluados por especialistas.
Sevilla es la provincia donde más casos se detectan, y si bien las cifras fluctúan, cada año se registran en torno a 200 posibles casos en la provincia. En el ámbito andaluz, durante el año pasado se atendieron a 671 niños y 290 recibieron tratamiento. Más allá de estas cifras, los casos reales son muchos más, ya que un destacable número de víctimas permanecen ocultas, sin que la violencia que sufren llegue en forma de denuncia a los tribunales de justicia o ante los servicios asistenciales. En España se estima que el 23% de las niñas y un 15% de los niños menores de 17 años han sufrido un caso de abuso sexual; y de éstos, un 60% no han recibido nunca ningún tipo de ayuda, desvela un reciente estudio de Save the Children. Según datos facilitados por la Junta de Andalucía, prácticamente en la mitad de los casos los agresores pertenecen al propio entorno familiar del menor.
"En un importante número de casos los agresores sufrieron violencia sexual de niños y, en la edad adulta, ejercen estas agresiones que han llegado a normalizar", explican fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños que la sufren. Aunque este tipo de violencia no entiende de clase social, la mayoría de los casos que llegan a los servicios asistenciales se refieren a familias desestructuradas.
La Junta de Andalucía ofrece asistencia a estos niños y a sus familias mediante un contrato con dos organizaciones especializadas, la Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (Adima), que se adjudicaron este servicio por concurso público en diciembre de 2014. En el marco de este contrato para la evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha desarrollado un nuevo protocolo que mejora la atención a las víctimas. Este protocolo define los pasos a dar ante la sospecha de un caso, y en el mismo están implicados cuerpos de las fuerzas de la seguridad especializados en menores, fiscales, servicios comunitarios, docentes y el sistema sanitario.
El 42% de los casos salen a la luz a raíz de las denuncias interpuestas por los padres o por la Junta de Andalucía en el caso de que la administración tenga la tutela de los menores. Sólo un 1% de los casos son detectados en el entorno escolar, pese a que los maestros y profesores pueden ser testigos de los posibles cambios en el comportamiento de sus alumnos, que desvelan un caso de maltrato.
Los técnicos y especialistas que trabajan con las víctimas suelen tener en cuenta una serie de señales que pueden apuntar a un posible caso de agresión: infecciones de transmisión sexual, marcas en el cuerpo en boca, pecho o nalgas; comportamientos que no se corresponden con la edad, como dibujos explícitamente sexuales, actitudes sexuales que imitan a un comportamiento adulto, alteraciones del sueño y pesadillas, o negación rotunda a asistir a reconocimientos médicos o a desvestirse. Muchas víctimas son sometidas a engaños y amenazas por parte de los agresores, que utilizan el juego para seducir a los menores hasta que se ven en una espiral de violencia que en determinados casos llegan a concebir como "normal".
"La mayoría de los niños que expresan una agresión no mienten"
"La mayoría de los niños que relatan una agresión sexual dicen la verdad, pero al tratarse de menores sus testimonios son cuestionados y judicialmente no se reconocen como válidos", explica un psicólogo especialista. Cuando la víctima no presenta señales concluyentes del abuso (hematomas, infecciones de transmisión sexual, restos, etcétera) los especialistas encargados de evaluar estos casos, peritos psicólogos y psiquiatras, realizan un cuestionario especializado y validado internacionalmente que define el grado de credibilidad de los testimonios de menores y que puede ser utilizado como prueba en un proceso judicial. Las señales de alarma que pueden indicar un posible caso de violencia sexual son de dos tipos: específicos e inespecíficos. Los indicadores específicos son concluyentes: el propio relato de la víctima, infecciones de transmisión sexual, problemas o heridas en los genitales, restos de sangre o semen, conductas sexualizadas, etcétera. Los indicadores inespecíficos pueden deberse a un abuso, a otro tipo de situación traumática o desvelar otro tipo de problema como un trastorno de la conducta: depresión, conductas violentas o riesgo para su integridad física, pérdidas de apetito, retraimiento social, conductas autolesivas, rechazo al contacto físico, etcétera.
El 50% de los abusos los cometen familiares de las víctimas
Los delitos por violencia sexual hacia los menores están considerados como semipúblicos, lo que conlleva que la denuncia ante un tribunal por estos hechos puede ser interpuesta por un tutor del menor, o bien los padres o bien la Junta de Andalucía en caso de tener la tutela; por la propia víctima; o por los fiscales responsables de menores. Este sistema provoca cierta desprotección de los niños que son maltratados por sus propios progenitores. En estos casos cuando un técnico (docente, psicólogo, etcétera) detecta un posible caso de maltrato y la tutela es de los padres, no puede denunciar directamente el caso en los tribunales. La figura de los fiscales cobra una importancia vital para que estos casos salgan a luz y los niños puedan ser protegidos.
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