lunes, 17 de agosto de 2015

La Junta atiende cada año en Córdoba a 20 menores víctimas de violenciasexual


Una de cada cinco mujeres en el mundo sufrió abuso sexual en su infancia. Este tipo de violencia es uno de los problemas ocultos que peores secuelas deja en los menores. El Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucía intenta paliar esta situación ofreciendo asistencia a los menores. Durante el año pasado el programa atendió a 24 niños que habían sido víctimas de abusos y violaciones en Córdoba. En total, 65 menores fueron evaluados en este servicio público por psicólogos y psiquiatras ante la sospecha de un posible caso de abuso. Así lo muestran los datos facilitados a El Día por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno andaluz. Según Ignacio Sánchez, técnico-psicólogo especialista en asistencia a menores, la cifra de niños que son tratados en la provincia se sitúa alrededor de la veintena cada año. 

Las niñas son el colectivo más vulnerable ante este tipo de agresiones. Según la información de la Junta, el 83% de los casos tratados fueron niñas, lo que en términos absolutos supone 20 menores. Esta situación se repite en el programa de evaluación y diagnóstico. El 70% de los menores evaluados fueron niñas. La mayoría de estudios sobre el abuso sexual infantil coincide en que, principalmente, las víctimas son el colectivo femenino. Según un informe de Save the Children el porcentaje se sitúa entre el 78 y el 89% a escala global. En España, la ONG estima que un 23% de las niñas y un 15% de los niños menores de 17 años han sufrido un caso de abuso sexual, y de estos, un 60% no han recibido nunca ningún tipo de ayuda. 

A nivel andaluz, el programa de la Junta de Andalucía atendió en 2014 a 671 niños y 290 recibieron tratamiento. De los menores atendidos, el 75% fueron niñas y prácticamente la mitad de los casos se refirieron a violencia sexual por algún familiar de la víctima. Por edades, un 27% de las víctimas tenía hasta seis años, un 35% entre 7 y 12, y un 37% tenía entre 13 y 18. Además, del total de menores, el 5% presentaba discapacidad de algún tipo. 

La Junta de Andalucía ofrece asistencia a estos menores en Córdoba a través de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (Adima). El programa de la Junta se divide en dos partes: evaluación y tratamiento, para lo que participa un equipo de psicólogos diferenciado. Según Ignacio Sánchez, en el 50% de los menores evaluados se confirma el abuso. El perfil de las familias donde se produce la violencia sexual suele presentar indicadores de exclusión, tales como trastornos mentales o paro. "La mayoría suelen ser familias desestructuradas porque existe un mayor riesgo si el menor está desatendido", explica el psicólogo especialista. 

La duración del tratamiento depende de cada caso individualizado. Desde un par de semanas hasta años, todo de pende de si el abuso fue puntual o se prolongó en el tiempo, así como de la edad de los menores. "No hay una duración establecida porque los niños no hablan hasta que se sienten protegidos", afirma el especialista. De esta manera, el psicólogo debe entablar una relación de confianza y protección con el menor atendido. A partir de ahí, se elabora un programa individualizado para cada menor y se ofrece terapia en función del caso. En algunos menores la terapia se produce varios días por semana, todo en función de sus necesidades específicas. "Algunos niños están bloqueados emocionalmente, están tan dañados que no son capaces de hablar", explica Ignacio Sánchez, quien afirma que a veces el menor es derivado a tratamiento antes de la evaluación por el miedo a contar su experiencia. 

En el marco de la evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en Córdoba ha desarrollado un nuevo protocolo que pretende mejorar la atención a las víctimas. Este define los pasos a seguir ante la sospecha de un caso, y en el mismo están implicados fuerzas de seguridad, fiscales, servicios comunitarios, docentes y sanitarios.

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