El INM ha reforzado la vigilancia en este destino turístico debido los casos graves de prostitución infantil que se han presentado, como el del magnate estadounidense Thomas Frank White, quien murió el en septiembre de 2013 tras 10 años de reclusión el penal de Puerto Vallarta.
Un agente del INM consultado por EL UNIVERSAL, y quien por razones de "seguridad nacional" solicitó omitir su nombre, explicó que desde diciembre de 2013 comenzó a aplicarse en varios puntos migratorios el programa Ángel Guardián, cuyo fin es detectar a los extranjeros que tengan antecedentes de pederastia, ya sea porque hayan purgado condena o tienen un proceso abierto.
"Cuando se presentan a un filtro el sistema automáticamente los detecta y se analiza el caso jurídicamente para determinar si se les impide el acceso al país", indicó el agente de Migración.
Explicó que para lo anterior se cuenta con una base de datos nacional a través de Plataforma México, que se conecta con otros sistemas de información a nivel internacional, como el de Interpol o el de la Policía Nacional de Colombia.
Según el Artículo 43 fracción I de la nueva Ley de Migración, que entró en vigor en 2011, las autoridades migratorias están facultadas para negar el acceso regular al país o la permanencia en éste a los extranjeros que hayan sido condenados por delitos graves, como es el abuso sexual infantil.
El último corte a nivel nacional dado a conocer por el INM sobre los resultados de este operativo permanente indican que entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 se había impedido el acceso de 51 extranjeros.
En opinión del agente migratorio consultado, el índice de rechazos en el aeropuerto de Puerto Vallarta es el más alto del país.
"En su mayoría son estadounidenses y canadienses de entre 40 y 65 años; muchos de ellos cuentan con antecedentes muy recientes y aún así intentan ingresar a México porque piensan que aquí no les harán nada, como sucedía antes", explicó el agente al describir el perfil de las personas que han sido rechazadas en el destino turístico jalisciense.
Recordó un caso ocurrido en el mes de enero pasado, cuando se impidió la entrada de un estadunidense que contaba con alerta migratoria de su país por el delito de agresión sexual contra menores ocurrido en 1994 y por el cual estuvo 30 días en prisión y 10 años en libertad condicional en Dallas, Texas.
El funcionario indicó que además existe una coordinación permanente con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la PGR y la Policía Federal.
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