UPyD ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que pide que se aumenten los controles de acceso a las profesiones en las que exista un contacto permanente con menores de edad a fin de evitar delitos de abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores.
Se trata de una proposición no de ley que ha sido registrada para su debate en Pleno de la Cámara Baja, en la que la formación que lidera Rosa Díez insta al Ejecutivo a que cambie la legislación que sea necesaria para que toda persona que vaya a desempeñar un empleo, cuyo ejercicio implique el contacto regular con menores de edad, no deba poseer antecedentes penales por delitos por abuso sexual.
Además, considera que toda persona que desee acceder a un empleo en el que exista un contacto regular con menores de edad deba presentar el certificado de antecedentes penales en relación a delitos por abuso sexual.
Asimismo, plantea que se modifique el proceso de expedición del certificado de antecedentes penales para que el interesado pueda solicitar que se expida éste en relación a los delitos de abuso sexual del Código Penal.
Igualmente, solicita que en el plazo de tres meses elabore y remita al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley que trasponga la directiva europea de 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.
ES DIFÍCIL DETECTARLO
Aunque la capacidad de la administración para detectar este tipo de delitos en el entorno familiar del menor está limitada a los protocolos de detección existentes en los centros sanitarios y educativos del menor, así como a su círculo social más cercano, la formación que lidera Rosa Díez destaca que ya hay países que han llevado a cabo una serie de iniciativas destinadas a la prevención y detección de los mismos.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe un registro abierto de personas condenadas por delitos relacionados con pederastia y agresiones sexuales a menores, en el que cualquier ciudadano, así como del extranjero, introduce el nombre del condenado en cuestión o el área en el que reside y automáticamente aparecen los datos personales, foto, dirección del domicilio e incluso dirección del trabajo del condenado.
Mientras, en Reino Unido, existe una base de datos en la que se encuentran todas las personas condenadas por delitos de agresiones sexuales y abusos a menores.
Según explica la formación, este registro posee datos concretos sobre cada persona condenada por este tipo de delitos en todo el país como por ejemplo nombre, dirección, fecha de nacimiento, descripción completa, fotografías, evaluación de riesgos o comportamiento, el plan de riesgos elaborado por las autoridades para el condenado, entre otros.
Es más, indica que, si bien este registro de personas no es de acceso público, la ley sí que facilita su consulta, y la hace obligatoria, al definir una serie de profesiones cuyos empleadores deben chequear los antecedentes penales de las personas que vayan a contratar para estas actividades profesionales, entre las que se encuentran aquellas que poseen un contacto regular o permanente con menores.
En los países nórdicos, como por ejemplo Noruega, UPyD señala que existen mecanismos de cribado de los profesionales que tienen contacto directo o de manera regular con menores de edad mediante la exigencia de certificados policiales de manera obligatoria sobre los antecedentes penales por parte de las instituciones públicas o empresas que vayan a contratar personas para este tipo de puestos laborales.
En el ámbito europeo, se está trabajando en la creación de una mayor serie de salvaguardas y mecanismos de prevención en el ámbito laboral que prevengan la comisión de un delito penal relacionado con abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores en el territorio comunitario.
(EuropaPress)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tus comentarios