Solo la educación reducirá la violencia sexual contra niños
(Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)
COLOMBIA:
Las fiestas y excesos acabaron con la vida de una de sus víctimas, Yesid Torres, de 15 años, de una sobredosis de cocaína. La policía halló en el apartamento 501 del Edificio Los Corales de la capital de Bolívar, un total de 45 fotos con imágenes pornográficas entre las que figuraba el joven Torres.El caso conmocionó a Cartagena. Paolo Pravisani, un italiano que vivía en la ciudad fue condenado a 15 años de prisión por pagarles a menores de edad para abusar de ellos.
La investigación demostró que Pravisani pagaba dinero a dos mujeres que supuestamente eran las ayudantes de su casa: Hilda Rosa Martínez y Angélica Tovar Julio, para que tuvieran relaciones, mientras él se masturbaba. También pagaba a menores para accederlos.
El juicio de 18 meses terminó en 2010 con una condena por los delitos de estímulo a la prostitución, pornografía infantil y acto sexual con menor de 14 años. La condena en su contra quedó definitivamente en firme, luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de casación que pretendía tumbarla el pasado mes de julio.
Pravisani, quien debe rondar hoy por los 76 años, es un pedófilo.
Pedro Abelardo Ospina Hernández, un sacerdote del municipio de Filadelfia, Caldas, que abusó de un acólito de 11 años en enero de 2008, podría ser considerado como pederasta, aunque no se conocen de más casos en los que hubiera participado.
Fue condenado a 21 años de cárcel en 2009. De acuerdo con el proceso, después de la misa de la siete de la noche, en la casa cural, Ospina le pidió al niño que subiera a su habitación por una película. Él tenía miedo de ir porque la última vez que lo había hecho, el padre le había mordido las orejas mientras lo abrazaba. Esta vez, el padre cerró la puerta, lo forzó y lo violó.
Su condena también quedó en firme pues la Sala Penal de la Corte Suprema no admitió una demanda de casación con la que la defensa pretendía tumbarla.
Aunque se trata de dos casos paradigmáticos por quienes fueron los culpables, la violencia sexual en el país parece ser cosa de cada día. En días pasados, fue condenado en Bogotá, Dagoberto Sierra Bernal, un conductor de un bus escolar que abusaba en la parte de atrás del vehículo a las niñas que oscilaban entre los 7 y los 11 años de edad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal entre enero y mayo de este año se recibieron 2456 denuncias por abuso sexual en niñas. El 43% de ellas tenía entre 10 y 14 años. Para los niños el rango está entre los 5 y 9 años.
Los datos que fueron recogidos por la Agencia Pandi en el informe “¡Alerta! Niños en riesgo. ¿Son los hogares entornos seguros?”, publicado el pasado seis de agosto, hacen referencia a casos en donde se presume que el agresor es un familiar, por lo que se estima que la realidad de la violencia sexual frente a los niños y las niñas a nivel general tiene un nivel mucho más alarmante.
“La violencia sexual contra la niñez y la adolescencia es tan alarmante que resulta preocupante que el Estado no pueda dar un parte concreto de esta situación en el país. Evidencia de lo anterior, es que mientras las cifras de Medicina Legal reportan 2456 casos, el último reporte de la Dirección de la Policía Nacional afirma que los casos superan los 3200. Este panorama empeora si se tiene en cuenta que más del 90% de ellos no se denuncian”, señala el reporte.
La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia, Ángela Rosales, señaló además que el subregistro sería tal que los casos que finalmente pasan de la denuncia a una condena estaría en el 30 por ciento. “El otro 70 se está quedando sin ningún castigo y el niño vulnerado tratando de resolver solo la situación a la que fue sometido”, explicó.
Por todos lados
La Policía Nacional a julio de 2013 había reportado la captura de 2734 personas por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, proxenetismo con menor de edad, entre otros.
En un dato preocupante, la Procuraduría General de la Nación reportó que en el periodo enero de 2011 a agosto de 2012 fueron sancionados 221 docentes por este tipo de hechos en todo el país.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, por su parte, reveló que adelanta 13.416 procesos de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes formas de violencia sexual: trata de personas, pornografía infantil, abuso y explotación sexual, entre otras.
El psicólogo forense y perfilador del Programa de Investigación de la Universidad Manuela Beltrán, Belisario Valbuena, explica que el pedófilo es aquel hombre que siente una “atracción” hacia menores hasta los 13 años en promedio, generalmente heterosexual.
El experto indica que en el país el tipo de violador más común es el “pedófilo seductor”. Es decir, el que manipula a la víctima con regales o amenazas para tener algún tipo de acto sexual con el menor que no necesariamente incluye el abuso.
“Son sujetos integrados y eso hace difícil su detección. El patio uno de La Modelo (cárcel en Bogotá) está lleno de delincuentes sexuales, de todas las edades. El rango oscila entre los 35 y los 60 años de edad”, explicó.
El pedófilo sádico, es el caso de Luis Alfredo Garavito o de Pedro Alonso López, conocido como 'El Monstruo de los Andes'. Se trata de una persona que no solo abusa del menor sino que opta por asesinarlo y desaparecer el cadáver bajo el entendido criminal de que esa es la mejor forma de “borrar” la evidencia.
Ahora bien, hay un elemento clave que explica Valbuena es que los pedófilos no necesariamente tienen trastornos que les impida saber que lo que hacen es inmoral o ilegal.
“Tienen conciencia de lo que hacen, no son inimputables, esto no es una enfermedad o una compulsión que les impida autocontrolarse. Ellos saben de lo que están haciendo es ilegal y por eso lo hacen a escondidas o utilizan estrategias como amenazar al menor”, apuntó.
Pero ya en el caso del pedófilo sádico si hay un comportamiento psicópata dice Valbuena. “El psicópata no tiene capacidad de arrepentimiento. No tiene empata, al otro lo considera una cosa, un objeto. No está buscando sexo en el acto criminal, lo que busca es destrozar, controlar, ese es el componente psicológico fuerte. Está queriendo mitigar una herida psicológica de su infancia”, señaló.
Educación y denuncia
La reiteración de casos de abuso sexual, el alto nivel de subregistro y la característica de los violadores plantean un escenario complicado. Aunque normalmente la discusión versa sobre el aumento de penas, los expertos consultados creen que la amenaza de pasar muchos años en prisión, aunque ayuda, no reestablece los derechos al menor afectado ni tampoco ha frenado la ocurrencia del delito.
No obstante, ya la Ley 1236 de 2008 fijó un aumento de penas para todos los delitos relacionados con el abuso sexual a menores que deja en promedio la pena entre 8 y 20 años de cárcel con posibilidad de que la misma sea aumentada por situaciones agravantes como que el culpable sea una persona del entorno familiar de la víctima, entre otros.
Además, los delitos sexuales no son cobijados con la rebaja de pena por aceptación de cargos por parte de los victimarios. Así, si confiesa, recibirá la pena estipulada para esos delitos en el Código Penal.
El problema podría residir en las etapas previas y necesarias para poder adelantar un proceso penal: la denuncia de un crimen que suele ser silencioso, que en gran parte depende de que la víctima denuncie o que su familia algún conocido detecte los hechos y los haga públicos.
Y ahí hay que ir por partes. Que la víctima denuncie, depende en alto grado de su educación, de la relación con el abusador, de la amenaza que esté recibiendo, entre otros.
“Se debe posicionar el tema, hablar de las secuelas, entender que no es una cosa menor. Los niños deben ser protegidos y educados sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre su cuerpo. No es una cosa que sucede y la persona pueda luego vivir tranquilamente”, señaló Rosales.
Para la experta, Colombia se rajó en prevención. “Hablar de un aumento de penas...esto es cuando ya ha sucedido el delito. Ya el niño fue vulnerado, el daño ya fue hecho y la pena no resarce los derechos a ese niño, ni restablece una condición de salud emocional y física”, dice la directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
De acuerdo con el perfilador criminal Valbuena, la amenaza de una pena alta no frena la conducta por el tipo de víctimas, porque la detección depende casi de una confrontación entre el dicho del menor y el agresor.
“Son victimas muy fáciles, es lo que hace que prolifere la pedofilia. Por lo indefensa de la víctima, porque es muy fácil captarla, agredirla, engañarla”, señaló.
“Debemos ser mucho más agresivos con las campañas, utilizar medios más masivos de comunicación para que los menores no teman develar el abuso”, agregó.
Los casos de abuso sexual en entornos familiares suelen además generar diputas internas, ya que cuesta creer que un abuelo de más de 60 años realice algún tipo de actos de este tipo con una nieta, por ejemplo.
Otros casos más complejos son los envuelven a una persona respetada dentro de una comunidad como por ejemplo el proceso penal en contra del Padre Isaac Ramírez, acusado de abusar de uno de sus acólitos, y quien está a la espera de que es esclarezca su caso.
De acuerdo con el experto Valbuena, en efecto, se trata de un pedófilo. No obstante, los feligreses lo defienden. En este caso, el primer denunciante se retractó y luego aparecieron más testimonios. La justicia dirá.
Entre tanto, Valbuena señala que el pedófilo no tiene cura después de los 30 años. Antes, dice, hay casos de rehabilitación en Estados Unidos y España. Por eso, en su criterio, la cadena perpetua para evitar que la persona cumpla la pena y salga para volver a cometer una conducta de estas, es una buena opción. “Si pasa de los 30 años, la personalidad no cambia”, señaló.
Ahora bien, en el Congreso, como se recuerda se hundió en 2011 la iniciativa de hacer un referendo para la prisión perpetua a violadores.
No obstante, los estudios indican que se debe hacer un trabajo más fuerte en las familias, para que esta sea el primer entorno protector y no el agresor. Así como una educación para potenciar la denuncia de estos casos y así reducir poco a poco el subregistro de estos casos.
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