Se trata del Convenio 201 del Consejo de Europa, denominado “Convenio de Lanzarote”, que ya han firmado 34 estados y al que se han sumado España y Georgia.
Su ratificación implica la adaptación en este campo de los sistemas penales de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.
En su discurso de inauguración de la conferencia internacional del Consejo de Europa, el ministro Caamaño, tras destacar el compromiso del Gobierno de España en la protección jurídica del menor, ha adelantado que “el actual anteproyecto de reforma del Código Penal, – que será enviado al Parlamento dentro de unos meses-, contempla tipos específicos de delitos relacionados con las agresiones y abusos sexuales contra menores de 13 años”.
Según ha explicado el ministro, “esta reforma legal en curso corregirá las deficiencias existentes en otras anteriores, relativas a la violencia sexual contra los menores de edad, a través de la creación de tipos específicos de delitos y de la inclusión de agravantes específicas para los supuestos de prostitución y pornografía infantil”.
Entre los citados nuevos tipos penales, ha dicho el ministro, “se incluirá la captación de niños para que participen en espectáculos pornográficos”.
El Convenio de Lanzarote o Convenio 201 del Consejo de Europa, firmado por España, es, en palabras del ministro de Justicia, “un instrumento fundamental para alcanzar una respuesta común, ágil, potente y responsable en la protección del menor frente a las agresiones vejatorias que atentan contra su integridad física y moral, con secuelas muy traumáticas para el libre desarrollo de su personalidad”.
Su objetivo es prevenir los delitos sexuales a menores, perseguir a los autores de los abusos y proteger a sus víctimas. Contiene medidas para la prevención, como programas de formación y concienciación, trabajo en las aulas con niños de educación primaria y secundaria, para que aprendan cómo protegerse. Entre los servicios que contempla para proteger a las víctimas y sus familias, destacan la creación de servicios de ayuda por teléfono o por Internet, y una adecuada asistencia psicológica, médica y legal.
También establece procedimientos judiciales adaptados para proteger la seguridad, privacidad, identidad e imagen de los niños.
Además, promueve la cooperación del sector privado. Así, en el actual contexto de globalización y multiplicación de los contactos interpersonales por medio de las nuevas tecnologías, el ministro de Justicia ha destacado “la importancia del sector privado en la búsqueda de una respuesta adecuada que permita no sólo reprimir las actividades delictivas contra los menores, sino fundamentalmente prevenirlas. En materia de prevención el papel de la sociedad civil resulta determinante, en especial, el de los operadores económicos”.
Francisco Caamaño ha animado a todos los países miembros del Consejo de Europa a unirse al grupo de signatarios del Convenio para que entre en vigor cuanto antes y ha cerrado su intervención destacando la importancia del Consejo de Europa en su apuesta permanente por la cooperación internacional, así como el compromiso de España con esta institución en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
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