El problema de los abusos sexuales cometidos por maestros contra alumnos en las escuelas públicas de Jalisco tiene tal vigencia, que hay constancia a lo largo de 12 años en las mismas estadísticas oficiales, las de la Secretaría de Educación (SEJ). De 2000 a 2011, la SEJ registra las denuncias y los procesos administrativos contra numerosos empleados del sistema educativo del Estado. Y estos datos saben que el problema afecta tanto a primarias como a secundarias, pero también a los jardines de niños, y que implica tanto palabras y miradas agresivas como tocamientos y violaciones.
La respuesta de las autoridades estatales es, sin embargo, insatisfactoria para asociaciones de padres de familia, que denuncian no sólo la reacción tibia que prevén las leyes y a la que se atienen directivos y Secretaría, a menudo orientada a una simple sanción administrativa contra el maestro agresor, sino también las dificultades burocráticas que obstaculizan el proceso de investigación, de castigo y, más importante aún, la atención al niño víctima de un abuso sexual y a los padres del agredido.
Si las agresiones sexuales que genera el sistema educativo estatal de nivel básico se han normalizado hasta el grado de registrarse año con año, como lo muestran las estadísticas de la SEJ, debía entonces proyectarse en las de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), al estar de por medio una conducta ilícita.
La PGJE carece de archivos pormenorizados anteriores a su actual gestión; sin embargo, confirma que en el periodo de 2007 a 2011 recibió 57 denuncias por delitos de índole sexual cometidos al interior de los planteles educativos de la SEJ en la metrópoli (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), como violación, hostigamiento y acoso sexual, pornografía infantil y atentados al pudor.
De las denuncias, 12% hizo referencia a una violación dentro del plantel escolar (siete casos), 14% a hostigamiento y acoso sexual (ocho casos), 2% a pornografía infantil (un caso) y 72%, la gran mayoría, fueron sobre atentados al pudor (41 casos).
En las 57 denuncias penales los señalados como victimarios son integrantes del personal docente y servidores públicos en general de la SEJ.
A éstas deben sumarse otras 12 denuncias penales que se generaron en las delegaciones regionales que la PGJEJ tiene para perseguir los delitos en el resto de los municipios, también por ataques sexuales del profesorado al alumnado: una en la Zona 1 Norte Colotlán, dos en la Zona 2 Lagos de Moreno, tres en la Zona 5 Tamazula de Gordiano, una en la Zona 6 Ciudad Guzmán, dos en la Zona 8 Autlán de Navarro y dos en la Zona 9 Costa Norte.
Se trata, entonces, de 69 denuncias penales en total, 83% en los cuatro municipios metropolitanos referidos.
“…ahora en la mañana mi mamá estaba en un cuarto viendo las noticias y me dijo: ‘Ven a ver lo que están diciendo de tu escuela’ y dijeron que el maestro les hacía cosas malas a las niñas y me mencionaron a mí, y mi mamá se asustó y me dijo que si era cierto lo que estaba diciendo, y yo le dije a mi mamá que sí era cierto, y me dieron muchas ganas de llorar porque me sentí triste y fue cuando le dije a mi mamá que sí era cierto y que también a mis amigas…”.
Es llamativo, sin embargo, que en ese periodo (2007-2011) la PGJE haya recibido más denuncias por este tipo de hechos al interior de las escuelas públicas que la misma SEJ en su área jurídica, pese a que los casos habrían ocurrido en sus instalaciones. Mientras la PGJEJ reporta 69 denuncias penales con este contenido directamente, a la autoridad educativa sólo llegaron 46 casos.
Esto puede explicarse, como lo afirma María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica (Asjapava), al descrédito que impera entre los padres de familia sobre la SEJ por lo que, consideran, es una pobre capacidad de respuesta a estos hechos que no son resueltos de manera ágil ni con sanciones severas. La misma Ruiz Moreno reconoce que cuando uno de estos casos llega a su asociación, ella prefiere acompañar y orientar a los padres de familia para que acudan al Ministerio Público antes que a la misma SEJ.
“...¿Por qué estás en este lugar? Porque me trajo mi mamá para que dijera lo que me hace mi maestro. ¿En qué año estás? En primer año. ¿Qué es lo que te hace tu maestro? Cuando tengo que entregarle una tarea me dice que me acerque, me baja mi pantalón y mi pantaleta y él se baja su pantalón y su calzón (…) Me besa en la boca y me dice que si lo quiero. ¿Esto te lo hace frente a tus compañeros del salón? Sí. ¿Cuántas veces te ha tocado tu maestro? Muchas veces, casi diario. ¿Alguna vez te amenazaba tu maestro para que no dijeras nada? Sí, me decía que, si yo le decía a mis papás lo que me hacía, me iban a correr y ya no me iban a recibir en ninguna escuela. ¿Hace cuánto le dijiste a tu mamá lo que te hacía tu maestro? Apenas ayer porque tenía miedo de que me corrieran…”
En Jalisco, cuando un docente abusa sexualmente de uno de sus alumnos y los padres de familia acuden a la SEJ para denunciarlo, la autoridad educativa, de naturaleza administrativa, lo investigará básicamente desde el marco de las leyes para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hasta ahí se limitará, sin hacerlo del conocimiento de la PGJE aunque esté de por medio un delito y esté obligada a ello.
Dentro del mecanismo de respuesta que ha adoptado sobre los casos de abuso sexual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEJ, ésta decidió que la denuncia penal por cada ataque que se presenta en los planteles educativos, aun cuando se confirme por sus procedimientos administrativos, “corresponde interponerla a los padres de familia de los menores”, según una respuesta brindada por la dependencia con el folio 1166/2011 y entregada el 10 de enero de 2012.
Así es como ha actuado la SEJ durante los últimos 12 años (2000-2011). Aunque llegó a confirmar la responsabilidad del docente sobre 92% de los 116 casos que indagó en este periodo, la autoridad educativa se ha abstenido de presentar alguna denuncia penal al respecto, o de notificar el hecho a la PGJEJ, pues concibe esto como una obligación de los padres de familia y no suya.
Esto transgrede el artículo 42 de la Ley General de Educación del país, reformado en 2010 para incluir esta obligación: “En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”.
“…El grupo de tercero A está conformado por 28 estudiantes; se les solicitó que escribieran en una hoja lo que les gusta y si había algo que no les gustara de su escuela. Se describen los siguientes comentarios: [Testigo 3]: ‘Que nos gritaba feo, que a mis amigas las violara’; en su dibujo escribe: ‘Los derechos de los niños, todos tenemos derechos’; dibuja dos figuras, una de niña y una adulta, la niña con la leyenda de ‘Mamá escúchame por favor es urgente’. [Alumna 8]: ‘Lo que no me gustaba de mi maestro fue de que se sentaba en las piernas a las niñas y no me gustó’; realiza un dibujo en el que describe que es el maestro y la niña tiene una leyenda que dice: ‘No quiero’ y en el profesor: ‘Vámonos para el salón’. [Agraviada 1]: ‘Que nos toque, que no nos acaricie’; en su dibujo la alumna pinta una silla color rojo, además, dibuja a su profesor y ella sentada en sus piernas con una leyenda que dice: ‘Yo soy a mí me pasó’…”.
De hecho, esta obligación en la Ley General de Educación es citada por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), del Gobierno federal, como uno de los lineamientos que debe guiar la actuación de las autoridades educativas ante los casos de abuso sexual de los profesores contra los alumnos, de acuerdo con una consulta que se le hizo al respecto.
A pesar de ello, si se quiere que estos hechos delictivos en el ámbito escolar de Jalisco tengan un cauce e implicaciones de índole penal, y no sólo administrativa, dependerá enteramente de los padres de familia, quienes, básicamente, se ven orillados a denunciar dos o hasta tres veces en busca de justicia: una ante la SEJ —que parecería la instancia más cercana—, otra ante la PGJEJ y otra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
“…Hace como dos meses, una madre de una alumna, del mismo grupo y grado que cursa mi hija, me preguntó si mi hija no había sido víctima de algún abuso sexual por parte del maestro señalado. En esa ocasión me sorprendió la pregunta y le contesté a la señora que no tenía noticias de ese tipo de sucesos. Ese mismo día interrogué a mi hija y me platicó que dicho maestro, cuando le dio clases, le levantaba su falda, le acariciaba la pierna y los glúteos (…) el señalado profesor fue su maestro en el primero y segundo grado, grupos A…”.
Las indagatorias que ha emprendido la PGJE sobre los abusos sexuales de maestros contra alumnos muestran un rezago importante en la obtención de los resultados conclusivos.
Si en el periodo de 2007 a 2011 la Procuraduría de Justicia emprendió 69 averiguaciones previas sobre actos ilícitos atribuidos a integrantes del sistema educativo, hasta el momento sólo ha consignado ante un juez 15 casos, apenas 22 por ciento. Desde una perspectiva más amplia la Procuraduría sólo llega a consignar una de cada cuatro averiguaciones previas, lo cual muestra que, tratándose de ilícitos de naturaleza sexual en el ámbito educativo, su indicador alcanza un nivel muy parecido, aunque un poco por debajo. En esta gestión, de cada 10 averiguaciones previas en esta materia, sólo consignó dos.
“… [Alumna 15]: Relata su dibujo con la figura de una niña llorando con la leyenda: ‘Tengo miedo’. Se cuenta con un dibujo muy parecido al de [Alumna 6], en donde describe a su maestro con la lengua de fuera y dos niñas a su lado con las leyendas ‘No quiero’ y ‘No puede ser’. En otro dibujo pegado en las paredes del salón, que fue elaborado por una de las niñas entrevistadas, aparece la figura de dos niñas, una con una flor en el vestido y la otra apenas se nota en el papel por los colores tenues que utilizó. Otra niña intentó dibujar una figura en una silla con otra figura más pequeña sobre las piernas pero las tachó y dijo: ‘No puedo...’”.
El universo grita. El hormigón acusa la violencia con la que fue fraguado como muro. El hormigón grita.
La hierba gimotea bajo los dientes del animal.
¿Y el hombre? ¿Qué diremos del hombre?
Michel Houellebecq
INFORMES
Los casos más graves
Entre los 116 casos que reporta la SEJ de abuso sexual, y dentro de la variada semántica que usa la dependencia para su clasificación, sólo tres fueron clasificados como “violación” del menor; esto es cuando hay penetración vaginal y/o anal con cualquier parte del cuerpo u objetos; cuando se practica sexo oral o masturbación al menor; cuando se obliga al menor a practicar sexo oral o masturbación al agresor.
Dos en el año 2000 (uno en una primaria, el otro no se precisa) y uno en 2001 en una secundaria. Los más tempranos terminaron con la destitución del docente; en el de 2001, su registro es ambiguo y la autoridad señala: “Se dejó sin efectos suspensión”, sin precisar su destino final.
Sin embargo, otros conceptos que usa la autoridad, como “abuso sexual”, y “agresión sexual” (aplicados en cinco hechos), podrían considerar también como tal un acto de violación.
LA SEJ HA CESADO A 48 MAESTROS; DE LOS QUE BUSCARON RECUPERAR SU PUESTO, SÓLO UNO LO CONSIGUIÓ
Jueces ratifican la mayoría de los ceses de maestros
A las destituciones que llega a decretar la SEJ contra profesores confirmados en agresiones sexuales contra el alumnado, es común que éstos respondan con una demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón intentando ganar su reinstalación. Esta defensa y representación legal del docente la realiza generalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), a través de sus dos secciones con representación en Jalisco (16 y 47), aunque está la posibilidad de que los profesores opten por un abogado privado, lo que es poco usual.
La SEJ brindó sus registros bien detallados de las destituciones a las que ha llegado por agresiones sexuales en las aulas, y su consecución en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en el periodo de 2000 a 2011. En este lapso la Secretaría cesó a 48 maestros que se volvieron victimarios de los infantes a su cuidado, de los cuales, más de la mitad (60%, 29 casos, 10 aún en trámite) recurrió al Tribunal para exigir la reinstalación en su cargo; el resto aceptó la determinación de la SEJ.
La verdad es que, de acuerdo con los registros a los que se pudo acceder de la Secretaría, su desempeño ante el tribunal en la defensa legal de sus resoluciones administrativas ha sido exitoso durante el periodo de 12 años que puede ponerse bajo análisis: de 19 juicios concluidos en estos momentos, 89% terminó favoreciendo a la autoridad educativa.
Esto quiere decir que el Tribunal validó en 17 de 19 ocasiones los argumentos y el sustento jurídico que llevaron a la SEJ a cesar al personal docente involucrado, lo que evitó, por otra parte, que éste regresara a sus labores; desde otra perspectiva, lo que hizo el Tribunal fue confirmar que el ámbito educativo se ha vuelto uno que, contrario a su naturaleza, aloja este tipo de agresiones sexuales hacia el alumnado.
En este periodo (2000-2011) sólo hubo un juicio en el que la SEJ fue vencida, perdió el caso y se le obligó a reinstalar al maestro. El caso data del 13 de diciembre de 2006 (ahí comenzó el procedimiento de responsabilidad); la denuncia fue por acoso sexual en una primaria. En 2007 el Tribunal ordenó que se le regresara su plaza laboral al docente y que se le pagaran 373 mil 139 pesos por los salarios que no pudo devengar.
Según la autoridad educativa éste es el único antecedente desfavorable en el periodo de 12 años citado; en el juicio que resta por precisar de los 19 existentes, el maestro murió durante el desarrollo del pleito legal, antes de la sentencia.
PROBLEMA DE TODOS
“Así como hay malos padres de familia que son perversos, y que violan y matan a sus hijos, que son capaces de meter a sus hijos al crimen organizado, también hay muy malos maestros: somos más los buenos”.
Esta verdad, dice María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica (Asjapava), la deben tener muy presente los padres de familia para estar al tanto de sus hijos, con una comunicación estrecha y siendo observadores de sus cambios de ánimo y actitud.
La SEJ, advierte Ruiz Moreno, debe capacitar a toda la comunidad escolar, pero en especial a su estructura administrativa, en la atención profesional de los casos de abuso sexual y los otros tipos de violencia, y otorgarle un acompañamiento más cercano a padres e hijos cuando han pasado por una situación tan extrema. “No están actuando bien; de hecho, no son atendidos debidamente (los padres) porque siguen siendo hasta victimizados por la misma institución, victimizados por la escuela, victimizados por parte de los directivos o profesores”.
Alrededor de esta problemática, sin embargo, deben reconocerse las responsabilidades que están fuera de las instituciones, como la de los propios padres de familia, dice Ruiz Moreno, que pueden estar mucho tiempo ausentes del cuidado de sus hijos o que, desmotivados, no denuncian el abuso sexual.
La Asjapava orienta e insta a los padres a que, a pesar de esto, denuncien cualquier tipo de violencia en los planteles educativos, ya sea en la SEJ, en la PGJEJ o en la CEDHJ (aunque se decanta más por estas últimas). “Lo único que va a parar la violencia escolar es la denuncia y la prevención. Se debe hablar de valores, de educación sexual, que nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo”.
El SNTE, puntualiza, debe velar por los docentes profesionales, no por los malos maestros en el sistema educativo estatal: “El sindicato está para ver y proteger los derechos de los trabajadores y se los aplaudo; lo que no deben hacer es proteger la impunidad laboral”.
DOS VECES VÍCTIMA
La SEJ reconoce como una flaqueza en la atención de las agresiones sexuales en el ámbito educativo la carencia de un mecanismo de articulación con la PGJE, que le evite a los padres de familia pasar por, al menos, dos procesos de denuncia ajenos uno de otro, en medio de una situación emocional tan extrema, como sucede hoy en día. A eso se le llama “doble victimización”.
El trámite de índole administrativa que hacen los padres en la SEJ luego deben repetirlo en una localización distinta, en la PGJE, para sus efectos penales, siguiendo formas muy similares como la narración de los hechos, lo cual, además, lleva tiempo.
La Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica (Asjapava) ha advertido la existencia de esta “doble victimización” para los papás: primero, la que causa el propio aparato educativo que, en lugar de protegerlo, agredió a su hijo; luego, con un trámite ante la autoridad que, lejos de ser ágil y expedito, más bien se cuenta por partida doble, y que falla en un acompañamiento que brinde certidumbre a los denunciantes sobre sus avances y resultados.
Fabiola González Vallardo, directora de Vinculación e Imagen institucional de la SEJ, dice al respecto: “Podemos mejorar en cuanto a los tiempos sobre todo para dar respuesta. Lo que sería nuestro siguiente paso es asumir un grupo: a esta dependencia (la SEJ) integrarla junto con la Procuraduría porque la mayoría de las denuncias se van para allá”.
La funcionaria admite que el beneficio de una mejor coordinación sería conseguir un proceso instantáneo, más inmediato: “Vienes (a la SEJ), traes una queja y de inmediato la presentarías (la denuncia penal) aquí”.
La investigación comienza con la labor de la Contraloría Interna, que recaba pruebas confirmatorias; luego pasa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que sigue hasta concluir con sanción o exoneración del inculpado. De la atención psicológica de las víctimas se encarga la Dirección de Psicopedagogía de la SEJ, la cual, sin embargo, no cuenta con una instancia específica para estos hechos, ni del nivel de especialización que sí tiene la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), grupo que forma parte de la autoridad educativa del Distrito Federal.
EL RIESGO DEL SUBREGISTRO
Para organizaciones no gubernamentales (ONG) y la misma CEDHJ es probable que las cifras con que cuenta la autoridad educativa en materia de agresiones sexuales de parte del cuerpo docente hacia el alumnado adolezcan de un subregistro, por lo que no es capaz de mostrar las dimensiones reales de esta problemática.
El aparato educativo público en Jalisco se hace cargo de un millón 470 mil 384 alumnos en el nivel básico, tiene 61 mil 805 docentes repartidos en 11 mil 123 planteles por toda la Entidad, pero en un promedio anual, de lo suscitado en el periodo de 2000 a 2011, sus registros no rebasan los 10 casos de esta naturaleza.
No hay manera de esclarecer la veracidad de las cifras, advierte María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica (Asjapava), pero su organización está en un contacto permanente con estos hechos y es, dice, más común que eso que informa la SEJ con sus estadísticas: “La violencia sexual existe en todas las etapas y con mayor razón se está viendo en preescolar, en primaria y en secundaria. Todos los días recibimos algo de agresión sexual, desde el kínder, en los primeros años de las primarias… ¿qué estamos haciendo?”.
Hay distintos factores, dice Ruiz Moreno, que influyen en que los padres de familia no se acerquen a la SEJ a denunciar este tipo de casos: desde falta de confianza en la institución y pocas expectativas sobre su eficiencia hasta el temor de verse envueltos en un proceso administrativo dilatado e, incluso, el qué dirán de la sociedad, que puede ser tan poderoso como las otras variables.
En el mismo periodo de 12 años la CEDHJ atendió 102 quejas contra profesores por agresiones sexuales a los alumnos, menos incluso que las registradas ante la propia SEJ (los padres de familia suelen acudir a ambas instancias y al Ministerio Público). “Efectivamente, parece el número (de abusos) muy bajo, pero yo no tendría elementos para decir que hay más casos, aunque no descarto la posibilidad porque, además, son temas en los que luego se cohíbe el agraviado para externarlos”, admite el cuarto visitador general de la CEDHJ, Arturo Martínez Madrigal.
La presidenta de la Asjapava apunta como otra posibilidad que la SEJ carezca de los medios indicados para promover denuncias. Al respecto, puede mencionarse que, según un informe reciente elaborado por la SEJ sobre el funcionamiento de la Línea 01-800 3M CUIDA —puesta en marcha apenas el 7 de junio de 2011 para denunciar casos de violencia sexual y de otros tipos en los planteles—, en un lapso de 10 meses (hasta el 16 de marzo de 2012) ya había recibido 13 quejas de abuso sexual, más de lo que registra en un año.
Otras instancias no gubernamentales, como la Federación de Asociaciones de Padres de Familia, con sede en el municipio de Guadalajara, tiene un promedio anual de recepción de 50 quejas que hacen referencia a algún tipo de abuso sexual de profesores contra alumnos. Las estadísticas oficiales de la SEJ podrían ser, entonces, sólo visos de algo más grande.
OTROS DELITOS
Las pruebas. En las averiguaciones previas que se encuentran concluidas con una consignación, el Ministerio Público encontró pruebas suficientes para afirmar que se han registrado los siguientes delitos al interior de las escuelas públicas de la SEJ:
6 casos de pornografía infantil (quien induzca, obligue o entregue a un menor de 18 años para que realice o simule actos de naturaleza sexual para sacar un producto de ello, como fotos, videos, revistas, etcétera).
1 de corrupción de menores (quien facilita, provoca o induce a un menor de edad a la iniciación o práctica de la actividad sexual, o al consumo de drogas, al delito o la mendicidad).
1 de atentados al pudor (quien ejecuta en un menor de 12 años un acto erótico-sexual sin la intención de llegar a la cópula; o en mayores de 12, pero sin su consentimiento).
4 de corrupción de menores y atentados al pudor.
1 de maltrato de menores (quien agrede a un menor de edad causándole alteración en la salud o integridad física).
2 de estupro (quien tiene cópula con una persona mayor de 12 años pero menor a 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño).
NUMERALIA
La Consulta Infantil y Juvenil 2012 que elaboró el Instituto Federal Electoral (IFE) midió el abuso sexual dentro de las escuelas del país. En Jalisco:
11.5% de los estudiantes de seis a nueve años contestaron positivamente a “Tocan mi cuerpo y me dicen que no lo cuente”.
7.9% del rango de 10 a 12 años dijeron que sí al reactivo “Tocan mi cuerpo contra mi voluntad y me siento mal”.
3.5% de los alumnos de 13 a 15 años confirmaron el reactivo de “Sufro violencia sexual”.
48 profesores fueron destituidos tras resultar culpables
114 denuncias por agresiones sexuales se registraron en 2000-2011
CONCEPTOS CLAVE
La Guía Escolar para Situaciones de Emergencia
uso sexual infantil auditivo, visual y cibernético
Incluye actos con connotación sexual que no implican contacto físico, como exhibicionismo; obligar a la víctima a ver pornografía o actos sexuales; hacer comentarios sexuales, obscenos e intimidatorios de manera personal o por otras vías; en casos extremos, pornografía o explotación sexual.
Abuso sexual infantil por tocamiento
Actos sexuales perpetrados por la fuerza contra un menor: un agresor toca o acaricia los genitales o cualquier parte del cuerpo de la víctima con intención sexual, ya sea sobre la ropa o debajo de ella; así como obligar a la víctima a practicar los mismos tocamientos al agresor.
Abuso sexual infantil por violación
Actos sexuales muy severos perpetrados por la fuerza contra un menor: penetración; practicar sexo oral o masturbación al menor, u obligarlo a practicarlas al agresor. Generalmente involucra violencia física.
En Jalisco hay casi millón y medio de alumnos en escuelas del nivel básico y más de 61 mil maestros; las denuncias por delitos sexuales nunca son más de 10 por año.
“Es lamentable que el menor o sus padres vengan y hagan todo el trámite interno y luego deban ir a la Procuraduría a hacer casi lo mismo”
La autoridad educativa puso en marcha el 7 de junio de 2011 la línea 01-800-3MCUIDA, con ocho profesionales de la psicología y el trabajo social para escuchar, orientar y canalizar denuncias de agresiones sexuales y otros ataques en el ámbito escolar. Según la directora de Vinculación e Imagen Institucional de la SEJ, Fabiola González Vallardo, el proyecto habría nacido de la “preocupación” del titular de la dependencia, Antonio Gloria, ante abusos cometidos por el personal docente: durante esta administración (2007-2011) en Jalisco se han presentado 46 denuncias; “ya era un número que notamos que iba subiendo”.
Si del 7 de junio al 16 de marzo de 2012 había recibido 442 llamadas telefónicas, 3% hizo referencia al abuso sexual (13 casos), 52% a otros tipos de abuso (físico, psicológico y social, 232 casos) y 23% al acoso entre iguales o bullying (103 casos); el resto fueron peticiones de información o asuntos que salían de la competencia de la SEJ (94 casos).
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