"El peor de los abusos"

Pocas cosas degradan más la moral humana que la imposición de una persona sobre la otra. Más la daña todavía si se hace mediante un acto físico. Y puede quedar destrozada cuando esa imposición forzada afecta a quien ni siquiera tuvo posibilidad de defenderse. El abuso sexual infantil califica en esta última categoría. Uno de los delitos más miserables que conozca nuestra sociedad. 

Es imposible que alguien haya quedado indiferente luego de conocido el caso que involucra al jardín infantil “Hijitus de la Aurora” en la comuna de Vitacura. Ese lugar está siendo investigado por los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor de computación de 35 años, hijo de la directora del recinto. Ya suman más de 15 denuncias y se teme que hayan varias otras. Son casos que han afectado a menores de 5 años. 

El jardín tenía muchos años de trayectoria, contaba con atención personalizada y mostraba un ambiente muy grato que, sin embargo, escondía el horror de un drama que, ahora destapado, acompañará de por vida a las víctimas y sus padres. Luego de conocido el primer caso, recién entonces los apoderados se enteraron que el tema no era nuevo, pero que hasta ahora nadie había recurrido a la justicia. 

Luego de inspeccionar el lugar, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, se encontró con una serie de irregularidades, como que el recinto no contaba con un proyecto educativo enmarcado en las bases curriculares del Ministerio de Educación, ni con personal idóneo y capacitado para atender niños. Además, recién ahí se pudo comprobar que el abusador no tenía título de docente y que su madre nunca estuvo acreditada como educadora de párvulos. 

¿Quién fiscaliza el funcionamiento de todos los jardines infantiles del país y qué requisitos se piden para hacer funcionar un establecimiento de este tipo? Prácticamente ninguno. Un par de trámites sanitarios, una patente y listo.  

Si ya resulta grave saber que el 58% de los jardines particulares no están siquiera empadronados, más inquieta pensar que los padres inscriben a sus hijos sin chequear ese dato. Se confía porque se asume que la autoridad ya lo hizo. No es el caso. 

Lamentablemente el delito del abuso sexual infantil, ASI, no sólo se combate mejorando la fiscalización de los jardines infantiles. El abusador podría esconderse ahí, pero también podría estar en múltiples otros lugares, siendo la casa de la víctima uno de los más comunes. Una realidad tan fuerte como común. Los ofensores sexuales son mayoritariamente familiares y cercanos de los niños. Sólo el 5% de los profanadores son extraños. Además, no existe un perfil inequívoco que permita identificarlos a simple vista. En la mayoría de los casos pasan todas las pruebas de conducta social ante el resto.  

Vivir sospechando de quien rodea a nuestros hijos tampoco parece la medida más sensata. Un comportamiento permanente y generalizado en este sentido minaría las bases de la convivencia social.  

José Andrés Murillo, uno de los valientes denunciantes del ex sacerdote Fernando Karadima, ha acuñado con sabiduría el concepto de “confianza lúcida”. Según su filosofía, vivir en la total desconfianza nos haría incapaces de levantarnos por las mañanas. Por lo mismo, habla de construir esta “confianza lúcida”, que limita con la desconfianza por un lado y con la confianza ciega por el otro. Habla en cambio de una que permita capturar el sentido de las cosas y de las personas, donde nos preguntemos en quién confiar, dónde poner límites a la confianza y cuándo hay que desconfiar. 

El Estado, que en materia de abusos a menores le queda mucho camino por recorrer, dio un importante paso esta semana al promulgar la ley que crea el Registro de pedófilos, mediante el cual se modifica el Código Penal y se establece la inhabilidad perpetua para que condenados por delitos de abusos a menores puedan trabajar con niños. La base de datos permitirá, al momento de contratar a una persona, saber si ésta se encuentra inhabilitada para trabajar con menores de edad.  

Una medida necesaria pero insuficiente si consideramos que en Chile, solamente el año pasado se registraron 13.753 casos de menores de edad violados y/o abusados sexualmente. Esto significa que cada día, 38 niños y niñas son víctima de ataques. Hay que agregar a eso que sólo el 0,6% de los denunciados cumple alguna pena carcelaria y que, hasta el día de hoy, no existe un plan de prevención nacional. Además, el delito prescribe, lo que en muchos casos imposibilita que, cuando la víctima ya es mayor y se siente capacitada para denunciar, pueda conseguir justicia. Este pareciera ser el siguiente y necesario paso a dar para facilitar la persecución del delito. 

Un problema que parece escondido pero que está ahí, a la vuelta de cada esquina, ya sea en un jardín infantil, o  en el rincón de una casa. 

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