miércoles, 2 de noviembre de 2011

EXIGIMOS JUSTICIA OPORTUNA Y EFECTIVA


Hemos conocido públicamente la situación de la niña de doce años embarazada producto de un abuso sexual.  Esta circunstancia ha sido mediatizada y utilizada por el gobierno y las jerarquías religiosas, para dirigir sus discursos en contra del derecho a la vida de las mujeres, y particularmente, del interés superior de la niña, establecido en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ratificada por el Estado nicaragüense.

El gobierno y las jerarquías religiosas, reiteran la campaña electorera de los partidos políticos que se oponen a los derechos de las humanas, como lo hicieron hace cinco años al penalizar totalmente el aborto.

Este hecho violenta el Estado laico, establecido en la Constitución Política, ya que permite que prevalezca el criterio de líderes religiosos por encima de la opinión y los derechos humanos de las nicaragüenses. El abuso sexual es un delito que debe ser castigado por la ley, es un problema de salud pública y nunca constituye un asunto privado que admita el perdón.

El gobierno dice “proteger la vida de la niña y del feto”, pero no resguarda el interés superior de la misma ni de todas las niñas y niños que a diario son abusadas sexualmente y resultan embarazadas. Sólo basta recordar que Nicaragua registra el mayor índice de embarazos adolescentes de América Latina, y el segundo en el mundo.

A esta realidad se agrega la impunidad de violadores y abusadores sexuales. Niñas y adolescentes embarazadas representan el 40% de quienes son controladas por el Ministerio de Salud en las Casas Maternas, sin investigar ni denunciar a los autores de estos delitos.  El Estado está obligado a brindar atención y protección especial a niñas, niños y adolescentes abusados y explotados sexualmente.

El gobierno no cumple con el derecho de niñas, niños y adolescentes, a una educación sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle el autoestima y el respeto a su propio cuerpo, pese a estar consignado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es responsabilidad del Estado, la protección integral de niñas, niños y adolescentes que a diario viven abuso sexual.

El gobierno no debe decidir sobre la vida y la salud de niñas y adolescentes. Debe prevalecer el interés superior de ellas, garantizándoles su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, social, en consonancia con la evolución de sus facultades.

Exigimos políticas públicas para una educación sexual científica y actualizada.

Exigimos la prevención de embarazos forzados.

Exigimos la prevención y castigo efectivo para los abusadores y violadores sexuales.

Niñas, niños y adolescentes tienen Derecho a vivir en una sociedad libre de violencia, coerciones, de amenazas e imposiciones políticas o religiosas.

Niñas, niños y adolescentes tienen Derecho al goce pleno de todos sus derechos como humanas y humanos.

EXIGIMOS JUSTICIA OPORTUNA Y EFECTIVA PARA TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA SEXUAL
¡..Todas las voces y todas las voluntades contra el abuso sexual...!

Movimiento contra el Abuso Sexual
Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico
Movimiento Autónomo de Mujeres de Las Segovias
Grupo Feminista de León
Iniciativa Feminista Mesoamericana “Las Petateras”
Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza
Red de Mujeres Jóvenes de Malpaisillo
Red de Mujeres de Matagalpa
Red de Mujeres del Norte Ana Lucila
Red de Mujeres Contra la Violencia
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

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